 La reforma política que el Gobierno logró aprobar a fin del año pasado está a punto de mostrar la cara de los perdedores: son los 373 partidos que se acercan a desaparecer porque no cumplen los requisitos necesarios que la nueva norma establece.
Entre los más perjudicados en el plano nacional está todo el abanico de los partidos de izquierda, como el Partido Comunista (PC), el Polo Obrero (PO), el Partido Socialista Auténtico (PSA), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y la Izquierda Socialista, entre otros.
Pero incluso agrupaciones más grandes como el propio kirchnerismo, la Coalición Cívica de Elisa Carrió o la Unión Celeste y Blanco de Francisco de Narváez tienen problemas en alguna provincia.
Una de las claves de la nueva ley es que obliga a todos los partidos a tener un mínimo de cuatro afiliados cada mil electores en todos los distritos, y mantener ese piso.
Además, para competir a nivel nacional y presentar, por ejemplo, candidato presidencial, una agrupación necesita estar reconocida en al menos cinco provincias.
Eso es un problema para los partidos de izquierda, con poca penetración en el interior. Al tope de los perjudicados está el PC, porque la Justicia ya dictó su caducidad en 6 distritos (incluida la Capital). Sin embargo, la decisión fue apelada (casi todos los partidos lo hicieron), y aunque pierda esa instancia, el PC está firme en otros 11 distritos.
El resto tiene menos suerte. Al PO de Néstor Pitrola le declararon la caducidad en 4 de los 8 distritos donde estaba aprobado y al PTS en 3 de 6 provincias. En una situación similar están el PSA que lidera Mario Mazzitelli (aliado de "Pino" Solanas) con 2 provincias perjudicadas sobre 5, y la Izquierda Socialista, con 3 distritos sobre 6.
El partido de Carrió corre peligro sólo en dos provincias sobre 19 conquistadas.
Poniendo la lupa por distrito, hay otras agrupaciones grandes a las que les cuesta llegar al cálculo de 4 afiliados cada 1000 electores. En Capital, al Partido de la Victoria, integrante del frente kirchnerista porteño, le faltan más de 700 firmas para llegar a las 4000 exigidas en la ciudad, y el GEN de Margarita Stolbizer, que se lanzó hace poco en Capital, apenas presentó 6 afiliados, según datos de la Cámara Nacional Electoral computados hasta junio.
En la provincia de Buenos Aires, al partido de De Narváez todavía le faltan cerca de 500 afiliados; en cambio, la Concertación Plural (radicales K) apenas necesita 16 más.
El problema de Castells
El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), de Raúl Castells, es un caso aparte. Aunque está cerca de llegar a las 4000 afiliaciones, fue declarado caduco en la provincia porque no llegó al 2% de votos en las dos últimas elecciones. Esa condición, que rige desde 2007, es otro de los escollos que los partidos con poca representatividad no logran superar.
"Es una ley discriminatoria que impusieron el PJ y la UCR, porque quieren quedarse siempre los mismos", se quejó Nina Pelozo, esposa de Castells y dirigente del MIJD.
Los números podrían darle la razón. El PJ y la UCR son los únicos partidos aprobados en los 24 distritos del país. Además, no sufrieron impugnaciones en ninguno. Les sigue en despliegue el Partido Socialista, presente en 20 provincias, pero observado en una.
En cambio, Pro, el partido de Mauricio Macri, no sufrió impugnaciones, pero por ahora sólo funciona en 19 distritos, igual que la CC.
"Esta ley sólo beneficia al justicialismo y a la UCR, y perjudica a todos los demás, sobre todo a la izquierda", coincidió Patricio Echegaray, secretario general del PC, que funciona en el país desde 1918.
El Gobierno no opina lo mismo, y la Presidenta vetó los artículos de la ley que daban plazo hasta 2012 para cumplir los nuevos requisitos.
La justicia electoral y muchos especialistas críticos de la reforma le dan la razón al Gobierno en ese punto. "Es imposible organizar un sistema electoral con 700 partidos. Además, hay 9 auditores para fiscalizar el financiamiento de todos", razonó una fuente judicial.
También creen que una limpieza electoral ayudará a achicar el negocio de los "partidos sello", creados para cobrar el porcentaje de fondos que el Gobierno reparte por igual entre todas las agrupaciones o venderlo en época de campaña al mejor postor. |
